El nuevo emprendimiento armado

Mucho se ha hablado del proceso de paz. De una u otra manera rechazamos un proceso carente de información para la ciudadanía en el cual están primando los derechos de un grupo armado que por años ha aterrorizado a todo un país donde de alguna forma todos hemos sido víctimas, sea porque directamente las FARC atentaron contra alguien en particular o porque simplemente nos arroparon bajo una colcha de retazos de dolor y miedo.

Cada quien tiene derecho de ser resocializado, perdonado e incorporado a la vida civil. Incluso, muchas de las personas que alimentan las filas de la guerrilla no desean estar allí y saben que existe otra forma de vivir con dignidad y sin causar tanto dolor; de hecho, esto es lo que el proceso de paz debe buscar a través de un proceso transparente y claro para todos los interesados, incluídos, nosotros, los ciudadanos de a píe.

Igualmente, a la comunidad internacional aún no le queda claro cómo las FARC se vincularán social, económica y políticamente al país. Para no ir muy lejos, la regulación global sobre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no se tiene en cuenta para el proceso de paz. Todos queremos saber exactamente como entrará al país el dinero que las FARC por años han escondido en cuentas extranjeras y cómo el dinero que tienen dentro de Colombia producto precisamente del narcotráfico, extorsión y secuestro será legalizado.

La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es de carácter global, donde Colombia es un país más que debe someterse y adaptar la regulación de prevención del blanqueo de capitales. Es por ello, que quienes somos expertos en la materia, aún nos sorprende la falta de respuestas ante semejante abrupto.

Otro aspecto que no se ha aclarado sobre el proceso de paz es la dejación de las armas. El Gobiernos y las FARC han hablado a puerta cerrada sobre el porte legal y los aparatos de seguridad que los nuevos reincorporados requieren para ser protegidos en una sociedad que no tiene algo que agradecerles. Por ejemplo, los miembros de las FARC pueden incursionar en el mundo empresarial y crear empresas de seguridad privada que les proporcione altos estándares de tranquilidad con los mismos recursos que combatieron ilegalmente, armas y dinero. Es decir, a través del proceso de paz las FARC serán reincorporadas a la vida civil, y por medio del derecho constitucional de la libertad de empresa podrán continuar armados.

Aunque la legalización del terrorismo parece sacada de un cuento de terror, a la fecha no se conoce una sola manifestación de prohibición por parte del gobierno para evitar que algo tan nefasto ocurra, lo cual nos demuestra que Colombia no está dispuesta a seguir los postulados internacionales sobre el combate y financiamiento al terrorismo para dicha negociación.

Es una pena que al sector comercial, servicios y bancarios se les exijan la implementación de programas de administración de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, cuando está a punto de ser negociada la mayor operación de blanqueo de dinero e irrespeto a lucha contra la delincuencia organizada.